Desde el inicio del proceso de independencia a comienzos del siglo XIX, en Chile se han implementado diferentes formas de organización del Estado, lo cual se expresa en la elaboración de constituciones políticas, considerada pieza fundamental de la modernidad política republicana.

La elaboración, implementación y crisis de una constitución –y su propio contenido-, solo es posible comprenderla dentro de un contexto histórico complejo, en el cual influyen múltiples variables coyunturales: los grupos políticos y sociales (civiles o militares) que están en el poder del Estado, el contexto político-ideológico nacional e internacional, los elementos económicos y la estructura social, entre otros, son parte de los factores que explican el surgimiento o la supresión de los distintos cuerpos constitucionales, así como también su propio contenido. Muchas veces, en efecto, las crisis políticas/institucionales tienen como consecuencia la dictación o la supresión de una Carta Fundamental.

Gran parte de las Constituciones chilenas–a excepción de las Leyes Federales de 1826- tienen como principio básico la definición de un Estado unitario, a la vez que enuncian los grandes principios de la modernidad política, dependiendo de la coyuntura histórica concreta: definición republicana, soberanía popular, ciudadanía y mecanismos de participación política, derechos y deberes fundamentales, división de poderes del Estado (encabezados por un Director Supremo y desde 1826 por un Presidente de la República), tipo y/o forma de gobierno, función de los organismos públicos, entre otros elementos.

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